El 1 de junio se llevó a cabo la Jornada Electoral para renovar los 881 cargos federales y 1,800 locales. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, se instalaron 83,956 casillas electorales seccionales de las 83,974 aprobadas por los Consejos Distritales, lo que equivale al 99.98%. En general, y de acuerdo con los reportes de prensa y de las autoridades, la jornada transcurrió con normalidad, presentándose algunos incidentes que fueron reportados al Sistema de Información de la Jornada Electoral del INE y atendidos de manera oportuna. Éstos estuvieron relacionados principalmente con la interferencia en el desarrollo normal de la votación por impedir el ejercicio del voto sin causa justificada, por cambio de domicilio de la casilla seccional con causa justificada, por la ausencia de funcionariado de casilla, por la suspensión de la votación derivada de condiciones climatológicas y por la presencia de propaganda electoral alrededor de la casilla.

Tal como fue señalado en anteriores informes por el Observatorio Electoral Judicial, una de las mayores vulnerabilidades del proceso fue la decisión de instalar menos casillas electorales que las habituales en elecciones políticas, entre otros factores, debido a la reducción presupuestal de la cual fue objeto el INE. Para la elección presidencial de 2024, el número de casillas aprobadas fue de 170,181; para este año fue de 84,266, un 50.6% menos que el año pasado. En ese orden de ideas, la disminución del número de centros de votación pudo afectar directamente la posibilidad de que personas electoras participaran, ante la dificultad de encontrar un lugar próximo a su residencia. Esto se debió a la modificación de los criterios sobre el número máximo de personas que pueden ser atendidas por casilla y a los criterios para la instalación de casillas especiales, lo cual ciertamente puede inhibir la participación. Si bien no es posible medir el impacto con certeza, se trata de un factor que no debe subestimarse.

Observamos con preocupación que el INE realizó un ajuste a la baja del número de casillas seccionales por instalar. De acuerdo con información previa, se había considerado la instalación de 84,019 centros de votación; sin embargo, entre la proyección inicial y el número finalmente determinado, hubo una reducción de 63 casillas. Aunado a ello, observamos que 17 casillas no fueron instaladas y que en 50 más se determinó suspender la votación en el transcurso de la jornada. Aunque estas cifras representan un porcentaje reducido (0.02% las no instaladas y 0.05% las suspendidas), preocupa que estos casos se hayan concentrado en zonas con alta incidencia de violencia. Las causas de la no instalación en Chiapas incluyeron el robo de documentación electoral, enfrentamientos entre grupos armados, violaciones a los sellos de los paquetes electorales y la presencia de boletas previamente marcadas. En Michoacán y Sinaloa, la no instalación se debió a la ausencia del funcionariado correspondiente. Por otro lado, las suspensiones de votación ocurrieron en los siguientes estados: Chiapas (17), San Luis Potosí (13), Michoacán (4), Puebla (4), Oaxaca (3), Estado de México (3), Hidalgo (2), Quintana Roo (2), Yucatán (1) y Zacatecas (1). Sumando el recorte en la proyección, las casillas que no fueron instaladas y aquellas en las que se suspendió la votación, la instalación efectiva de casillas alcanzó el 99.84% del total originalmente previsto. Durante la jornada electoral, 322 casillas cambiaron de domicilio.

Uno de los factores que incidieron en la tardía instalación de casillas e, incluso, en su no instalación, fue la ausencia de funcionariado el día de la jornada. De acuerdo con la normativa diseñada para la Elección Judicial, serían requeridos 775,742 funcionarios de casilla. Para ello, el INE insaculó a 13 millones 455 mil ciudadanas y ciudadanos, de los cuales reportó haber visitado al 99.99%. No obstante, hizo del conocimiento solamente al 54.13%, es decir, poco más de 7 millones 283 mil personas, que habían sido seleccionadas como funcionarias y funcionarios de casillas y, de entre ésas, solamente capacitó a 1 millón 826 mil ciudadanos. A pesar de las cifras reportadas por la autoridad electoral, en 707 casillas la presidencia recayó en una persona suplente, y en 224 se tuvo que tomar a una persona de la fila para presidir la Mesa Directiva, lo que comprometió la operatividad del proceso electoral, al estar encabezado por personas que no habían recibido capacitación ni participado en simulacros. En las funciones de primera secretaría de las Mesas Directivas, en 3,863 casillas participaron suplentes, en 1,586 se tomaron de la fila y en 527 se operó sin contar con este cargo. En el caso de la segunda secretaría, 6,298 casillas fueron atendidas por suplentes, 3,674 por personas tomadas de la fila y en 1,029 no hubo funcionariado que desempeñara esta función. Observamos con cierta preocupación que, en suma, no se presentaron a la jornada electoral 123,757 personas que habían sido designadas como personas escrutadoras, equivalente al 16% del total del funcionariado requerido. Ello obligó a que personas suplentes y, sobre todo, personas de la fila sin capacitación previa desempeñaran el rol de funcionarios de casilla. En otros casos prescindieron de personas escrutadoras. Las hipótesis de la elevada ausencia de funcionarios de casilla están relacionadas con el desinterés o la apatía, la falta de seguimiento por parte de los Capacitadores Asistentes Electorales o de sus supervisores, la complejidad en la capacitación y sensibilización sobre la elección judicial y su relevancia pública, la decisión razonada o justificada de no participar, entre otras posibles razones. Le tocará al INE evaluar estas razones y diseñar las estrategias para prevenir que vuelva a suceder en elecciones futuras.

En 51,783 casillas se reportó la presencia de personas observadoras y en 8,033 la de personas visitantes extranjeras. Ante la supresión legal y material de representantes de las candidaturas en las casillas, la figura de persona observadora electoral se erigió como la posibilidad de que diversos actores en la elección, como partidos políticos, gobiernos en funciones o las propias candidaturas, tuvieran algunos datos en una jornada que se caracterizaría por la ausencia de información de primera mano. Para la elección presidencial de 2024, se emitieron 33,969 acreditaciones para igual número de personas observadoras. Para este inédito proceso judicial, las solicitudes ascendieron a 317,076, es decir se incrementaron en 933%, aunque la autoridad, luego de una exhaustiva revisión de requisitos, aprobó poco menos de 170 mil. Los requisitos para ser observadores eran tener credencial para votar y no ser militante de partido. La exclusión de muchos de esos registro debió haber sido por alguna de las dos razones De igual manera, 375 personas visitantes extranjeras se registraron para observar la elección. Esta cifra representó una disminución considerable con respecto a la elección presidencial del año pasado, en la que obtuvieron su registro 1,309 personas. Tomó particular relevancia la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, quien recientemente se pronunció en su Informe Preliminar, recomendando que “este modelo de selección de jueces no se replique para otros países de la región”.. Asimismo, hizo recomendaciones relevantes para cada una de las etapas del proceso electoral como las reglas y requisitos para la convocatoria de candidaturas, el funcionamiento de los comités de evaluación, el diseño de las boletas electorales, la geografía electoral, el presupuesto y las reglas de las campañas, así como la revisión de las condiciones sociales y políticas en las que se llevó a cabo la elección para los cargos en disputa en esta elección. Es importante subrayar que la OEA realiza una evaluación técnica sobre el proceso electoral y no sobre los resultados; los integrantes de la misión de observación no incluyen a personas con nacionalidad del país que observan.

Ante la ausencia de información de resultados el día de la jornada electoral, el INE realizó un ejercicio estadístico similar a los Conteos Rápidos que se utilizan en elecciones presidenciales y de gubernaturas, a fin de estimar la participación de la ciudadanía. El ejercicio consistió en determinar una muestra representativa de 1,644 casillas, de las que se obtuvo el dato de las personas que acudieron a votar. A partir de estos datos, personas expertas en estadística realizaron una estimación de acuerdo con criterios aprobados por el INE para establecer un intervalo del porcentaje de participación electoral. La misma noche de la jornada electoral, la presidenta del INE manifestó, en un mensaje transmitido en cadena nacional, que la participación se encontraría entre 12.57 y 13.32%, confirmándose este dato con los resultados de los cómputos distritales en donde se determinó que la participación ascendió al 13.01%. Bajo esa perspectiva, estas elecciones se convierten en las de más baja participación en la historia política del país si se compara con otros ejercicios de participación ciudadana, aunque esta elección sea única en su categoría. A manera de facilitar o promover la participación y, especialmente, el apoyo a ciertos perfiles, se hizo pública la entrega de documentos impresos que contenían reproducciones de las boletas electorales con espacios prellenados con los números de las candidaturas por las que el electorado habría de votar. Estos documentos, conocidos como “acordeones” fueron distribuidos masivamente en varias entidades federativas, en una acción sistemática de coacción del voto, situación que se vio confirmada tras los resultados en donde coincidieron las candidaturas ganadoras con aquellas que se encontraban asentadas en los acordeones. Desde el Observatorio condenamos enérgicamente estas prácticas antidemocráticas que atentan contra la integridad electoral.

Si bien no a niveles de otros procesos electorales, algunos incidentes violentos se presentaron el día de la jornada en zonas focalizadas como los estados de Michoacán y Sinaloa, en algunos casos incidiendo en la recepción de los votos. Su efecto fue mayor y más directo en las elecciones políticas concurrentes de Veracruz, en donde se presentaron una veintena de casos de violencia y se reportaron al menos 3 asesinatos de candidaturas.

A diferencia de los procesos electorales anteriores, la contabilización de los votos, por su complejidad, no podía ser realizada dentro de las casillas seccionales a cargo del funcionariado, sino que se dispuso esta operación en las sedes de los Consejos Distritales del INE, a manos de funcionarios y funcionarias de esta misma institución. Para el traslado de los paquetes electorales de las casillas a la sede de los distritos, no existió un acompañamiento externo de los mecanismos de recolección para vigilar efectivamente la cadena de custodia, función que habitualmente desarrollan las representaciones partidistas en casillas. Si bien el INE estableció medidas de seguridad, resulta preocupante que no se hubieran difundido lo suficiente para inhibir la desconfianza sobre temas como, por ejemplo, la de empaquetar las boletas sobrantes que no fueran canceladas con líneas diagonales como tradicionalmente se hace. Una mayor transparencia y claridad sobre este tema hubiera abonado a disminuir el escepticismo y desconfianza de algunos sectores. Al corte del 9 de junio, con corte de las 8:50pm terminó el cómputo de la elección de personas juzgadoras de Distrito, última en ser contabilizada, por lo que se mantuvieron las proyecciones del INE respecto de los tiempos de cómputo. La siguiente etapa corresponderá al Consejo General del INE con la asignación de cargos por paridad, designación de presidencias de acuerdo a lo que se establezca en la Constitución y la entrega de constancias de mayoría.

Aún y cuando la baja participación electoral representa la votación de 12 millones 965 mil 574 personas, y dado que en cada boleta cabía la posibilidad de emitir entre 2 y hasta 10 votos, la votación emitida tan sólo para la Suprema Corte rondó los 116 millones 690 mil votos; no obstante, existe una alta incidencia de votación no efectiva. En los lineamientos para los cómputos distritales, la autoridad distinguió los votos nulos (aquellos en los que no se logra determinar fehacientemente la voluntad de la persona electora) de los recuadros no utilizados. En ese sentido, para la votación a la Suprema Corte, los votos efectivos son apenas 90,031,918, mientras que los votos nulos ascienden a 26,658,221, que representan el 22.8%, cuando en las elecciones políticas, el índice ronda el 5%. El total de votos para candidaturas nacionales fue de aproximadamente 215 millones de votos distribuidos en las seis boletas. De estos, dependiendo del tipo de elección, varía el porcentaje de votos nulos: para la Suprema Corte 22.8%, el Tribunal de Disciplina Judicial, 22%, el Tribunal Electoral del PJF, 19.62%, las salas regionales 23.11%, las elecciones de jueces y juezas, 30% y para las magistraturas de los tribunales colegiados, 32%. Los datos son preocupantes, 3 de cada 10 votantes anularon su voto para elegir a jueces, juezas y a las magistraturas. El esfuerzo de pedagogía política electoral debe ser enorme -y una prioridad- para el próximo proceso electoral.

• La Jornada transcurrió de manera tranquila, sin incidentes graves de violencia y con una participación de 13% de la Lista Nominal, lo que la vuelve una de las elecciones con menos participación ciudadana en la vida política del país, sólo detrás de la consulta para enjuiciar a expresidentes. Aunado a lo anterior se superó el promedio de ausencias de funcionarias y funcionarios de casilla en la instalación de las mismas, lo que podría reflejar el desinterés que provocó la elección judicial.

• Condenamos la evidente operación orquestada de diseño y distribución de “acordeones” que inducían al electorado a votar por algunos perfiles. Esto atenta contra el principio básico de la democracia de votar libremente y de manera informada, a pesar de los enormes costos para informarse y conocer a los perfiles por quien votar en esta elección.

• Las casillas que no se instalaron o aquellas en las que se suspendió la votación durante la jornada no representan un riesgo para la anulación de la elección. Sin embargo, al encontrarse en zonas geográficas que se caracterizan por la violencia cotidiana, resulta preocupante que el Estado no garantice la libertad de acudir a votar.

• El registro de personas observadoras se incrementó en demasía con respecto a las elecciones anteriores. Esta figura pudo ser utilizada por otros actores políticos para tener alguna intervención dentro de la jornada electoral.

• Como Observatorio Electoral Judicial entregamos todos los informes públicos a la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Acompañamos su informe preliminar presentado en sus recomendaciones y conclusiones, tanto en los aspectos técnico operativos de la organización de la elección como en la recomendación de no replicar este modelo en países de la región.